Expresidente de la República (2002-2010). Fue acusado por la Fiscalía General en mayo de 2024 por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. En su defensa ha sostenido que lo único que pidió, desde un principio, fue corroborar una información que le había llegado por diferentes fuentes sobre la existencia de un complot en su contra para vincularlo en un proceso penal por vínculos con grupos paramilitares.
El exmandatario ha sostenido en su teoría de defensa que el proceso que se adelanta en su contra tiene “tintes políticos”, resaltando que sido promovido por sus enemigos que han ejercido todo tipo de presiones para conseguir testigos falsos que lo incriminen y así afectar su carrera política y buen nombre.
El senador del Polo Democrático ha sido uno de los mayores opositores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los integrantes de su Gobierno y sus políticas. En septiembre de 2013 citó a un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo. Sin embargo, en varios momentos, quiso vincular al exmandatario y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, con la conformación del Bloque Metro de las AUC. Utilizando para esto las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco; y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, a quienes habían entrevistado en las cárceles.
Abogado penalista e investigador. Tiene un papel crucial a partir de febrero de 2018 cuando empezó a visitar las cárceles para recolectar información sobre las presiones que habría ejercido el senador Iván Cepeda para lograr declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como apoderado del exmandatario buscaba recolectar las retractaciones que iban a ser presentadas ante la Corte Suprema de Justicia para que revisara su decisión de compulsarle copias al exmandatario por presunta manipulación a testigos.
En la actualidad está también a la espera que se resuelva su situación jurídica puesto que la Fiscalía General lo vinculó a un proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Cumple actualmente una condena de 44 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. Es el considerado testigo clave de la Fiscalía General en su acusación contra el expresidente. Primero por señalar que Álvaro Uribe Vélez promovió, desde la Hacienda Guacharacas ubicada en Antioquia, la conformación del Bloque Metro de las AUC. Segundo, por insistir en haber recibido presiones por parte del abogado Diego Cadena para que firmara una retractación en la que debía inculpar al senador Iván Cepeda. Su versión ha sido puesta en duda por sus contradicciones y por los beneficios que ha recibido en la cárcel La Picota.
Médica de profesión y exesposa de Juan Guillermo Monsalve. En 2018 grabó una conversación con el abogado Diego Cadena en la que supuestamente le hacía ofrecimientos para lograr la retractación del exparamilitar. Habría sido la persona encargada de ingresar a la cárcel La Picota los relojes con cámara para que Monsalve grabara las conversaciones con Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche. La información de estos elementos, según varios peritos, fue manipulada y hasta eliminada.
El exparamilitar Carlos Enrique Vélez ha cambiado varias veces su versión en toda la investigación. En la Corte Suprema aseveró que Iván Cepeda había ejercido presiones para que declarara contra el expresidente Uribe. Sin embargo, en otra declaración ante el alto tribunal, le atribuyó las presiones al abogado Diego Cadena, aseverando que le había dado 20 millones de pesos en efectivo para que se retractara. Es señalado por otros exparamilitares de ponerle un precio a sus declaraciones y ejercer todo tipo presiones para obtener dinero a cambio de su testimonio.
Alias Alberto Guerrero o Pipintá. Excomandante del Bloque Cacica Pipintá de las AUC que delinquió en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Se encuentra actualmente privado de su libertad cumpliendo una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión por el asesinato del gobernador indígena y líder político Gabriel Ángel Cartagena en junio de 2023, en la llamada Masacre de la Herradura.
Ha sido señalado por varios exguerrilleros y exparamilitares de auspiciar desde la cárcel un “plan de venganza” contra el expresidente Uribe y su familia. Su declaración ha sido puesta en tela de juicio durante varios procesos penales.
Abogada. Reconocida por asistir judicialmente a varios exparamiliares y exguerrilleros que estaban en las cárceles La Picota y de Combita. En enero de 2012, según relataron varios testigos, acompañó a Iván Cepeda a una reunión con Máximo Cuesta Valencia, Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Alberto Cadavid Zapata que habían hecho parte del Bloque Metro de las AUC para hablar de unas fosas comunes.
Sin embargo, en la reunión, les ofreció todo tipo de beneficios para que declararan contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez
Desde hace cinco años nadie sabe de su paradero. Pese a varios intentos fue imposible contactarla para que declararan en el juicio.
El exnarcotraficante y exparamiltar Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como El Tuso, declaró dos veces durante el juicio al expresidente Uribe. En sus dos versiones coincidió en afirmar que durante una visita en mayo de 2009, cuando se encontraba en una cárcel de los Estados Unidos, la senadora Piedad Córdoba e Iván Cepeda, quien era presidente del Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) le ofrecieron un asilo para sus familiares si señalaba al expresidente Uribe de haber promovido a los grupos paramilitares.
Durante el juicio, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva relató que estando privado de su libertad en una cárcel de los Estados Unidos tuvo conocimiento de un complot que estaban planeando varios exparamilitares y exnarcotraficantes extraditados durante el Gobierno Uribe para vincularlo a un proceso penal.
Igualmente, la activista política y empresaria, Vicky Jaramillo relató que Ricardo Williamson le avisó sobre la intención del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de querer retractarse de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Uribe. Versión que fue confirmada por Enrique Pardo Hasche, compañero de celda de Monsalve en la cárcel La Picota, de Bogotá.
El dirigente político huilense, Álvaro Hernán Prada fue alertado en el año 2018 de la existencia de un plan para vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso penal por supuestos vínculos con grupos paramilitares. En la actualidad enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por el delito de soborno en actuación penal por supuestamente haber presionado a un comerciante conocido como Caliche para que buscara la retractación de Juan Guillermo Monsalve.
La exfiscal delegada ante Justicia y Paz alertó, en un marco de colaboración con las autoridades, que el exfiscal General, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo habrían manipulado pruebas para vincular a Santiago Uribe Vélez con la conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. Por esta situación, la exfiscal –quien estaba en la cárcel- contactó al abogado Diego Cadena para alertarle sobre un posible complot contra el exmandatario.
Durante el juicio, Óscar Monsalve Correa y Óscar Monsalve Pineda, padre y hermano, respectivamente, del exparamiliar Juan Guillermo Monsalve confirmaron los ofrecimientos que había hecho el senador Iván Cepeda y el asilo en Argentina que les propuso a cambio de una declaración en contra del expresidente Uribe.
En 2012 los exparamilitares del Bloque Metro que estaban privados de su libertad en la cárcel de Cómbita (Boyacá) Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid; y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli, le enviaron una carta a la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia donde exponían las presiones que habían recibido por parte de Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave para que declararan contra el expresidente Uribe para acusarlo de tener vínculos con esta organización criminal. La versión fue corroborada por Darley Guzmán, alias Jopra que aseveró que detrás de todo esto estaba Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.